Por: Vicente Eyzaguirre | 25/05/2026
Cuando una alternativa política tan peligrosa como la ultraderecha avanza en la sociedad, nuestro deber como oposición es generar un contrapeso y una alternativa común. Debemos hacerlo desde nuestros espacios, abandonando de una vez por todas los egos personalistas que nos ciegan sobre quién es nuestro verdadero adversario. Lo vemos en el día a día tanto a nivel nacional como internacional con esta ultraderecha instalada en el gobierno bajo el mando de Kast, pero también al otro lado de la cordillera y con una presencia cada vez mayor en toda Latinoamérica, lo cual resulta sumamente alarmante. Aunque la amenaza exige, a la larga, una respuesta regional coordinada –que me encantaría abordar–, la urgencia del momento me obliga a centrar esta columna en el caso chileno.
Durante estos primeros meses de gobierno, hemos visto cómo el oficialismo ha actuado de manera implacable, afectando directamente la calidad y las condiciones materiales de vida de las personas. En este escenario, el rol de la izquierda chilena no puede reducirse al de meros espectadores indignados, ni mucho menos al de jueces atrincherados con una superioridad moral frente a quienes se dejaron seducir o envolver por la retórica de la ultraderecha. A mi juicio, cualquiera de esas posturas es profundamente errónea; replegarse en la comodidad de tener "la razón" mientras perdemos la conexión con el sentido común de la mayoría es un error profundo e imperdonable.
Sumado a lo anterior, el objetivo de la izquierda actual no recae simplemente en la resistencia reactiva o en posicionarse como "la oposición al presidente". Debemos consolidarnos como una alternativa real de poder que, sobre la base de una administración rigurosa y políticas de Estado sólidas, con participación de las personas, busque y garantice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Hoy más que nunca vemos al gobierno de Kast avanzar a pasos indiscriminados hacia la configuración de un Estado disminuido, con menor recaudación y escasa incidencia en la protección ciudadana. El pasado miércoles ya presenciamos su primer cambio de gabinete, lo que a mi parecer es su primera maniobra que no solo apuntó a remover a dos ministras –cuya salida estaba cantada–, sino que evidenció un afán estructural por reducir el aparato estatal. La consolidación de tres biministerios es una señal de alerta no menor que, conociendo el manual de comportamiento de la derecha internacional, amenaza peligrosamente con desmantelar la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
Este accionar institucional no es una simple reestructuración administrativa, es un ataque directo a nuestros derechos y beneficios sociales. Frente a ello, nuestra responsabilidad trasciende la mera crítica y exige un compromiso irrestricto orientado a la articulación de frentes comunes que mejoren la vida de las personas desde una perspectiva multidimensional. Si bien creo que este esfuerzo debió gestarse mucho antes, y no solo como una reacción a la contingencia, el escenario actual, más que una tragedia, debe ser el catalizador oportuno para forjar la unidad. Esto debe servirnos como el principal motivador para convocar a partidos políticos, grupos de interés y, fundamentalmente, a la sociedad civil. El objetivo no es otro que construir un proyecto nacional y popular: uno capaz de articular las múltiples y diversas demandas ciudadanas, ya sean laborales, medioambientales, feministas o vecinales, en una sola fuerza democrática capaz de hacerle frente a la ultraderecha.
Pero, ¿qué significa exactamente trabajar en frentes comunes? ¿Cómo los definimos? Debo recalcar que no me refiero a la política de los símbolos vacíos: esas reuniones a puertas cerradas donde diversas fuerzas políticas se miden para ver quién convoca a más gente o quien lleva la batuta. Me refiero a un trabajo territorial constante, cimentado en la autocrítica y la seriedad política; a un compromiso real con el despliegue colectivo. Hoy más que nunca debemos unirnos en los hechos y no en las meras palabras, impulsando el despliegue en nuestras comunas y barrios, pues es ahí, en el tejido social cotidiano, donde los vecinos se ven verdaderamente más afectados por las medidas del gobierno y donde se disputa la política real.
Si esto fuera tan sencillo como lo planteo en la brevedad de esta columna, la definición de estos frentes comunes ya se habría trazado y avanzado hace mucho tiempo, y no me vería en la necesidad de escribir estas líneas. A mi parecer, esta urgencia surge precisamente en el momento en que se ha abandonado el trabajo conjunto y el diálogo ciudadano, sustituyéndolos por la inmediatez de las cuñas fáciles y los egos personalistas de los videos virales en Instagram y TikTok.
Para sostener el despliegue y revertir esta desconexión, es de suma relevancia la elaboración de un programa o documento de debate sólido que, construido desde la oposición y en conjunto con las bases territoriales, ponga en la palestra las preocupaciones de la ciudadanía, estableciendo propuestas, horizontes claros y mínimos intransables. Al mismo tiempo, urge la unificación de nuestro discurso. Esto no significa que todos pensemos igual ni que borremos nuestras diferencias —pues respetamos la identidad de cada organización—, sino que seamos capaces de alinear nuestras distintas luchas bajo un objetivo común, desde el parlamento hasta la disputa en redes sociales, sin pisarnos la cola entre nosotros. Este no es un trabajo de un día para otro y, repito, exige imperativamente dejar atrás las vanidades particulares en pos de un punto de encuentro: El bienestar de los y las chilenas.
Para cerrar, no quiero que se entienda que estoy sugiriendo que toda la izquierda deba disolverse y fusionarse en un solo partido, porque creo firmemente que la diversidad de pensamientos y accionar es nuestra riqueza. Pero sí considero imperioso establecer esta cadena de unidad que le permita a la ciudadanía visualizar y tener una opción política seria y real. Nuestro deber es impulsar la acción colectiva desde la oposición frente a una derecha que intenta dividirnos, instaurando un individualismo que nos condena a una libertad meramente negativa, más cuando nosotros sabemos que aquí nadie se salva solo. Nuestra responsabilidad es trabajar por un Estado robusto que garantice el bienestar de su pueblo en conjunto con su participación activa. La única forma de lograrlo es dejando los personalismos a un lado y poniendo a los ciudadanos en el centro, sin esto, el mañana no nos perdonará el habernos dado el lujo de la inacción.