Cuando estudiar se convierte en privilegio. 

En Chile, ingresar a la educación superior parece depender cada vez más de factores  como condiciones económicas, la historia personal e incluso la edad. Las medidas  dirigidas a los deudores del CAE y a las restricciones de la gratuidad dejan una mirada  preocupante sobre cómo la educación se está viendo más como un privilegio que como  un derecho. 

No es justo tener que endeudarse por el simple hecho de querer estudiar. En Chile, la  educación parece estar en venta: quienes acceden al CAE muchas veces terminan  pagando hasta el doble de lo que costó su carrera. A eso se suma que, en muchos casos,  hacen “pololitos” para generar ingresos extra, pero al emitir boletas de honorarios ese  dinero ni siquiera llega realmente a sus manos cuando lo necesitan. Más que una ayuda,  el sistema termina funcionando como un castigo económico para quienes no tienen  cómo pagar, afectando no solo su estabilidad laboral, sino también su salud mental y  calidad de vida. 

Aún más preocupante es la limitación de la gratuidad, ya que impide la reinserción de  las personas condenadas y les impone un castigo adicional. Esto refuerza la idea de que  la educación es un premio que debe ganarse. La frase “los beneficios del Estado son  para quienes respetan la vida y la comunidad” resulta contradictoria, porque sostiene  que solo algunos merecen estas facultades, cuando en realidad toda persona, por el  simple hecho de nacer, posee garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, un  juicio justo, la libertad de expresión y, junto con, está el derecho a la educación. 

Negar este derecho implica no respetar esos principios básicos. La educación no debería  depender de la conducta pasada de una persona, sino ser una herramienta para mejorar  su futuro y contribuir a la sociedad. Excluir precisamente a quienes más necesitan estas  oportunidades para reinsertarse no fortalece a la comunidad, sino que amplía la brecha  de desigualdad y reduce las posibilidades de generar un cambio positivo. 

Esta política no solo aplica para las personas que son condenadas, sino también para  quienes son mayores de 30 años y que, por razones diversas (situaciones económicas,  familiares o personales), no pudieron estudiar antes, negándoles así una segunda  oportunidad, haciendo que se les impida retomar sus estudios para poder crear un mejor  futuro, cerrándoles la puerta en la cara. De modo que se hace ver que el Estado tiene  una lógica excluyente, que no logra ver las diferentes realidades de los chilenos y que, en vez de ayudar a dar nuevas oportunidades, termina obstaculizando más el progreso  de la ciudadanía. 

Cuando se ponen condiciones al acceso a la educación, se deja de lado evidentemente a  quienes más necesitan este apoyo para salir adelante. Si la educación es un derecho, no  debería depender ni de la edad, ni del dinero, ni del pasado de una persona, sino ser una  base real para construir un mejor futuro tanto individual como para la comunidad.