Nuevo gabinete con caras del pasado: 

El martes pasado, el presidente electo José Antonio Kast presentó al primer gabinete que llegará a La Moneda junto a él este 11 de marzo. Está integrado por republicanos, independientes, exministros del gobierno de Piñera e incluso figuras que formaron parte de administraciones de la Concertación, como las de Bachelet y Lagos. En su mayoría, este nuevo gabinete está compuesto por personas independientes: 16 de 17 ministerios, considerando que existe un biministerio, lo que parece apuntar a un modelo de “gobierno de gerentes”, similar al del primer gobierno de Sebastián Piñera.

Esta configuración no estuvo exenta de tensiones dentro de la propia derecha. El expresidente de la UDI, Pablo Longueira, señaló que “varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto”, dando cuenta de las fricciones que genera un gabinete que prioriza perfiles técnicos por sobre identidades políticas claras.

Sin embargo, a mi juicio, el debate central no está en la composición técnica del gabinete, sino en la presencia de dos ministros con vínculos directos con la defensa de la dictadura y el pinochetismo. Se trata de Fernando Barros, abogado de 68 años que asumirá el Ministerio de Defensa, y Fernando Rabat, de 54 años, quien encabezará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos nombramientos han generado un rechazo inmediato por parte de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Estos nombramientos no resultan sorpresivos si se considera que José Antonio Kast ha defendido públicamente la dictadura y la figura de Pinochet en reiteradas ocasiones. Más que un error, parecen responder a una señal política consciente.

Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile, se encontraba en Londres cuando Pinochet fue detenido y decidió integrarse al equipo jurídico que buscó su liberación. Actualmente preside el directorio de Oxiquim S.A., empresa ubicada en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví, lo que abre cuestionamientos sobre su visión del rol del Estado y del medio ambiente. Por su parte, Fernando Rabat fue socio del fallecido Pablo Rodríguez Grez, fundador del movimiento Patria y Libertad, y participó en la defensa de Pinochet en causas como la Operación Colombo y el Caso Riggs.

La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo se ve afectada la democracia con estos nombramientos? La democracia no se sostiene solo en elecciones, sino también en consensos básicos, como el rechazo irrestricto a las violaciones de los derechos humanos. Cuando figuras asociadas a la defensa de una dictadura ocupan carteras tan sensibles como Defensa y Justicia, no solo se hiere la memoria de las víctimas, sino que se tensionan los pilares democráticos.

Más que un gabinete de unidad o de gestión técnica –como se menciona en algunos medios–, este equipo inicial configura una definición política clara.Cuando la memoria y los Derechos Humanos dejan de ser un piso mínimo compartido y pasan a ser relativizados desde el Gobierno, la democracia comienza a diluirse en lo aceptable en el ejercicio del poder. No es solo traer caras del pasado al nuevo gabinete, sino de un futuro democrático que, desde ya, comienza a avanzar con serias ralativizaciones.