Por: Ignacio Cáceres Vergara | 21/05/2026
En las discusiones políticas contemporáneas, no es infrecuente que los argumentos pierdan su fuerza no por carecer de evidencia, sino por el solo hecho de provenir de quien los enuncia. En este contexto, la credibilidad de una afirmación parece depender menos de su contenido que de la identidad política del emisor. Así, datos, cifras o razonamientos pueden ser descartados de antemano si son percibidos como propios del “otro”, mientras que afirmaciones equivalentes -o incluso más débiles- son aceptadas cuando provienen del propio bando. Este fenómeno no se deja reducir fácilmente a ignorancia o desinformación; más bien, sugiere una transformación más profunda en la forma en que opera la verdad en el ámbito político.
Esto nos plantea un problema filosófico interesante: ¿puede la verdad política sostenerse cuando la identidad precede a la evaluación de los argumentos? Dicho de otro modo, ¿qué ocurre con la posibilidad misma de un espacio común de discusión cuando el interlocutor es constituido, antes que nada, como enemigo? En la medida en que el desacuerdo deja de organizarse en torno a posiciones debatibles y pasa a estructurarse en términos de pertenencia, la palabra del otro pierde su carácter argumentativo y se convierte en expresión de una identidad que, por definición, no merece ser creída.
El presente ensayo aborda este problema desde un enfoque teórico, mediante el análisis de las concepciones de lo político elaboradas por Carl Schmitt y Hannah Arendt. En particular, se examinará la noción de distinción amigo-enemigo como criterio constitutivo de lo político, así como la idea de un mundo común como condición de posibilidad de la verdad en el ámbito público. A partir de esta tensión conceptual, se buscará ofrecer un diagnóstico de la relación entre identidad y credibilidad en la política contemporánea.
Para comprender por qué la identidad puede llegar a determinar la credibilidad de los discursos políticos, es necesario detenerse en la noción de enemigo como criterio fundamental de lo político. Carl Schmitt nos habla de que la distinción entre amigo y enemigo no constituye una metáfora ni una exageración retórica, sino el principio que delimita el ámbito propiamente político. Como señala el propio autor, lo específico de lo político es la distinción entre amigo y enemigo (Schmitt, 1997) , una diferencia que no remite
a categorías morales o económicas, sino a la posibilidad real de confrontación entre colectivos.
Esta distinción tiene consecuencias que exceden el conflicto abierto. Si lo político se estructura en torno a la posibilidad de identificar al enemigo, la relación con el otro deja de organizarse en términos argumentativos y pasa a definirse por la pertenencia. El adversario deja de ser un interlocutor dentro de un espacio común y se convierte en representante de una posición que, por definición, no puede ser compartida.
En este marco, la palabra del enemigo no se evalúa bajo los mismos criterios que la del amigo. No se trata simplemente de que sus argumentos sean considerados erróneos, sino de que su condición introduce una sospecha previa que afecta su credibilidad. Antes de que un argumento pueda ser juzgado como verdadero o falso, ya ha sido situado dentro de una estructura de lealtades que condiciona su recepción. La distinción amigo-enemigo no solo organiza el conflicto político, sino que incide en aquello que puede ser reconocido como válido o creíble.
Si la enemistad presenta una sospecha estructural sobre la palabra del otro, entonces el problema deja de ser exclusivamente político y adquiere una dimensión epistemológica. La cuestión ya no es quién tiene razón, sino quién puede ser creído. Bajo esta condición, la verdad pierde su carácter de criterio común y pasa a depender de la identidad.
Este fenómeno no puede explicarse únicamente como un sesgo en la evaluación de los argumentos. Responde, más bien, a una transformación en la relación entre los actores políticos. Creer en lo que otro afirma no es un acto puramente cognitivo, sino también una forma de reconocimiento: implica aceptar al otro como un interlocutor válido dentro de un espacio compartido. Cuando ese otro es constituido como enemigo, dicho reconocimiento se vuelve problemático, ya que su aceptación puede ser percibida como una forma de validar la posición que se rechaza.
En consecuencia, el rechazo de los argumentos del enemigo no requiere refutación, pues no se origina en su contenido, sino en su procedencia. La desconfianza no surge como resultado de una evaluación crítica, sino como condición previa que determina qué puede ser considerado creíble. De este modo, la enemistad no solo intensifica el conflicto político, sino que reorganiza las condiciones mismas bajo las cuales este se desarrolla: la verdad deja de
operar como horizonte compartido y pasa a convertirse en un recurso subordinado a la lógica de la pertenencia.
Así, la pregunta por la veracidad de una afirmación queda sistemáticamente subordinada a la pregunta por quién la enuncia. La identidad no solo influye en la interpretación de los hechos, sino que anticipa su aceptación o rechazo, configurando un escenario en el cual la credibilidad ya no depende de la evidencia, sino de la posición del hablante dentro del campo político.
La subordinación de la verdad a la identidad tiene consecuencias que superan el simple deterioro del debate. En la medida en que la credibilidad deja de ser un criterio compartido, se ve afectada la posibilidad misma de sostener un mundo común. Para Hannah Arendt, la política presupone un espacio en el que los individuos pueden aparecer ante otros y compartir una realidad que, aun siendo interpretada de formas diversas, mantiene un núcleo de referencia común. Como advierte la autora, la realidad objetiva es aquella que “no depende de opiniones”, y su negación sistemática pone en riesgo la existencia misma de un mundo compartido (Arendt, 2006).
Cuando la palabra del otro es sistemáticamente deslegitimada por su identidad, ese mundo común comienza a fragmentarse. Ya no se trata de interpretaciones divergentes de una misma realidad, sino de realidades que dejan de ser reconocidas como tales por quienes se sitúan fuera de un determinado grupo. En este escenario, la discusión política pierde su carácter de intercambio y se transforma en una superposición de afirmaciones que no buscan ser comprendidas, sino reafirmar pertenencias.
De este modo, la lógica de la enemistad no sólo redefine las relaciones entre actores políticos, sino que erosiona las condiciones de posibilidad de la política misma. Si la existencia de un mundo común depende del reconocimiento de ciertos hechos compartidos, entonces la supremacía de la identidad sobre la verdad no constituye únicamente un problema de polarización, sino una transformación más profunda en la estructura de la vida política.
Esta supremacía no debe entenderse únicamente como un deterioro, sino como la manifestación de una tensión más persistente en lo político. Si la distinción entre amigo y enemigo organiza de manera fundamental la relación con el otro, la sospecha frente a su palabra no aparece como anomalía, sino como consecuencia de esa estructura.
Desde esta perspectiva, la erosión de un mundo común no sería solo un fenómeno contemporáneo, sino la expresión de una tensión constitutiva entre la necesidad de compartir una realidad y la tendencia a delimitar identidades en conflicto. La política parece requerir condiciones que la lógica de la enemistad tiende, de forma constante, a socavar.
Esto abre una pregunta que excede el diagnóstico inicial: si la credibilidad depende en última instancia de la pertenencia, ¿hasta qué punto la verdad ha operado alguna vez como un criterio plenamente independiente en política? Más que señalar su desaparición, el problema podría consistir en reconocer que su lugar siempre ha sido más frágil de lo que suele asumirse.
En este sentido, la relación entre verdad e identidad no aparece como una disyuntiva resoluble, sino como una tensión constitutiva del propio ejercicio de la política. Comprenderla no implica renunciar a la posibilidad de un mundo común, pero sí reconocer que este depende de condiciones que la propia lógica política puede, en cualquier momento, poner en cuestión.