La cuenta de algunos pocos

El ritual ha sido repetido ayer con una precisión quirúrgica que rayó en la provocación: alfombras rojas impecables, trajes cortados a la medida, transmisiones oficiales en cadena nacional con imágenes cuidadosamente estudiadas y, por sobre todo, un despliegue republicano que se esmeraba en parecer pulcro, democrático e institucional. Sin embargo, al apagar nuestros televisores, al salir a la calle o revisar los reportes provenientes de las regiones, la sensación fue otra porque vemos constantemente como país un amargo contraste entre el Chile exhibido desde las paredes del Congreso y el Chile que cotidianamente se vive. Y lo que en alguna vez fue una cuenta pública para todos los ciudadanos, se convirtió en un monólogo de la élite para la élite.

Ese Chile real, el que quedó fuera de los muros del parlamento en Valparaíso, pagó su exclusión con la clásica receta estatal, la violencia directa. La respuesta dada por las autoridades ante las legítimas manifestaciones que reclamaban por una gestión gubernamental paupérrima, estancada y desconectada de la situación país: fue una represión feroz. Mientras en el hemiciclo la bancada oficialista aplaudía de pie, afuera, el ciudadano común y corriente era disuelto bajo los carros lanzaguas, gases lacrimógenos y las típicas detenciones.

Es precisamente en este escenario de silenciamiento forzado donde el relato de la cuenta pública se volvió verdaderamente peligroso, cruzando fronteras retóricas que creíamos sepultadas en el período más oscuro de nuestra historia. Al escuchar las argumentaciones del Ejecutivo, donde la máxima autoridad apela al “orden” desde un tono moralizante, rígido, punitivo y marcadamente paternalista da ecos a discursos pasados que resuenan de forma escalofriante. Volvimos a la caricatura de manual autoritario: una sociedad higienizada y dividida entre los ciudadanos ejemplares que producen sin opinión, y los enemigos de la patria a los que se debe de perseguir.

Y, como la caricatura requería además de un correlato concreto, la retórica autoritaria abandonó las metáforas para traducirse en la firma del proyecto de ley estrella de la jornada: el “Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades”, impulsado por el presidente José Antonio Kast. ¿Pero qué pretende con él? ¿Por qué es tan perjudicial para la ciudadanía?

Bajo la bandera populista de “recuperar los barrios y las escuelas protegidas”, esta iniciativa pretende instalar una suerte de “muerte civil” y económica de al menos cinco años para los desobedientes. El proyecto no solo busca sancionar delitos graves, sino que introduce un peligroso cajón de sastrería bajo el rótulo de “incivilidades”. Al meter en la misma lista delitos menores, faltas administrativas y conductas de supervivencia, el Ejecutivo cruza un límite peligroso ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si normalizamos que el Estado vigile y catalogue nuestras conductas cotidianas bajo sospecha permanente? ¿Le estamos entregando al gobernante de turno el poder de decidir quién es digno y quién una paria civil? Con todo lo anterior, le damos en las manos al Gobierno el poder de criminalizar de manera “discreta” la protesta, la informalidad y la disidencia social.

El castigo diseñado por el Ejecutivo es abusivo, debido a que quienes integren este famoso registro público perderán automáticamente el acceso a beneficios estatales fundamentales para la ciudadanía. Estamos hablando de quitar la gratuidad en la educación superior a los jóvenes y, en el colmo de la crueldad, de retirar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a nuestros adultos mayores. Utilizar el hambre, el techo y la subsistencia de la vejez en estos tiempos de dificultad económica es un garrote para infundir el miedo y desmovilizar el descontento popular. El mensaje no solo fue explícito, fue brutal: el Estado ya no garantiza derechos humanos inalienables (como la libre expresión, la protesta y la seguridad social) para transformarlos en premios condicionados a la sumisión conductual que se dicte.

Y para coronar esta puesta en escena, como ya es de costumbre en la política nacional, se recurrió a la figura de Gabriela Mistral. Citada con voz solemne para adornar un discurso de control y autocomplacencia, la memoria de nuestra Premio Nobel fue arrastrada al podio presidencial. Pero, hay que ser claros y consecuentes, porque en manos de la derecha, hablar de ella es casi una burla flagrante. Es un insulto a la coherencia histórica de ese sector político que hoy busca condicionar la protección social, perseguir la disidencia y castigar la pobreza a través de listas negras.

Es de importancia al parecer recordarle a la derecha, que Gabriela Mistral fue una acérrima defensora de la educación pública y del bienestar NO como favores condicionados a la buena conducta, sino como derechos fundamentales, universales e inalienables; jamás habría aprobado un proyecto que pretende quitar la PGU al adulto mayor o la gratuidad a un estudiante que se manifiesta en la defensa de sus derechos. 

La jornada pasada, por lo tanto, no fue una rendición de cuentas; fue una demostración más de la fuerza que desea imponer este Gobierno y que ha decidido abrazar las herramientas del castigo económico para sostenerse. Necesitamos un balance real que se construya en las plazas, en las comunas y en las regiones, sin los filtros del protocolo militarizado ni la amenaza del garrote estatal. Pero, mientras el discurso oficial siga oscilando entre los fantasmas autoritarios del ayer, la persecución económica a través de sus famosos registros y la instrumentalización descarada e incoherente de nuestras mentes brillantes, la cuenta pública seguirá siendo exactamente lo que vimos: un circo costoso privado para los altos cargos y pagado por todos nosotros, pero sin una invitación al ciudadano real.