Por: Bárbara Guerra Hernández
En Chile, hablar de personas privadas de libertad suele generar inseguridad o rechazo, lo que se ve reflejado en las oportunidades de trabajo y de rehacer su vida. Pero algo que se pasa por alto es que muchas de estas personas volverán a vivir en sociedad en algún momento.
Hoy el sistema penitenciario chileno está más enfocado en el castigo y en la corrupción entre los Gendarmes (tema que queda para otra ocasión) que en “rehabilitar” una actitud o en la reinserción de una persona que delinquió. Y sí, existen programas como Proyecto +R del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se entrega capacitación y vinculación con empleadores para personas privadas de libertad. Si bien, en años anteriores insertó laboralmente a cerca de 400 personas a través del programa, es muy poco para las aproximadamente 20.000 personas condenadas que salen de prisión cada año en Chile tras cumplir su condena, número de excarcelados según el Ministerio de Justicia y DDHH.
Una persona que no tiene acceso a trabajos formales luego de salir de prisión, por más que haya estado décadas privado de libertad, a falta de oportunidades siempre se está expuesto a caer nuevamente en delitos.
La reinserción laboral no solo entrega ingresos, sino que también beneficia con una rutina, con identidad y dignidad a la persona, que por más que haya delinquido, sigue siendo un sujeto de derecho. Pero la reinserción laboral no termina solucionando el tema del trabajo, también es importante entregar herramientas psicológicas, sociales y humanas. A qué me refiero con esto; entregar apoyo a través de las familias, de programas de salud mental y física, de vivienda o mínimo una residencia donde llegar.
Pretender que alguien se “rehabilite” o “reingrese” a la sociedad solo es cegarse ante la realidad que enfrentan miles de personas al salir de la cárcel, por lo que es fundamental tener programas de reinserción que integren todo lo esencial para volver a la sociedad.