Por: Bárbara Guerra Hernández | 08/10/2026
Es cierto que Chile tiene un problema real y urgente: el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y las organizaciones transnacionales que no respetan fronteras. Es por eso que para mí no es una locura que Chile busque cooperación internacional para enfrentar esto, el problema está en qué tipo de cooperación estamos aceptando y cuáles pueden ser las consecuencias de aquello.
El 22 de septiembre Kast decidió que Chile se incorporaría al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump en marzo de este año con el fin de coordinar a distintos países del continente contra el crimen organizado, generar un acceso a información, sistemas de análisis inteligente de datos y capacitación de fuerzas de seguridad. Además, el Gobierno de José Kast insiste en que no significa ceder soberanía ni comprometer a las Fuerzas Armadas chilenas.
Pero justamente ahí creo que tenemos que detenernos. Porque cuando hablamos de seguridad, Chile tiene una historia imborrable. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos promovió en América Latina la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, más conocida como la Doctrina Monroe, una concepción que instaló la idea de que las democracias no solo enfrentaban enemigos externos, sino también un supuesto “enemigo interno”.
Esa doctrina tuvo influencia en las Fuerzas Armadas chilenas y durante la dictadura de Augusto Pinochet, esa lógica terminó teniendo consecuencias gravísimas: el Estado utilizó sus organismos de seguridad para perseguir, detener, torturar, asesinar y exiliar a personas consideradas una amenaza para el régimen.
Y que no se me malentienda, esto no significa que el Escudo de las Américas sea equivalente a la Doctrina Monroe, ni mucho menos que la adhesión de Chile vaya a llevarnos nuevamente a una dictadura. Pero esta comparación sirve para recordar que las políticas de seguridad necesitan límites, sobre todo cuando puede haber una influencia de EEUU.
Cuando un Estado comienza a ampliar cada vez más aquello que considera una amenaza, el peligro no está solamente en las herramientas que utiliza, sino también en quién define al enemigo, con qué criterios y bajo qué controles.
Por otra parte, si tenemos al ministro Pérez Mackenna, al Presidente Kast y a su séquito de gente decir que la incorporación de Chile al Escudo de las Américas no significa que otro país defina lo que hace o no hace Chile y que no es descuidar la soberanía, debemos exigir que esa soberanía se vea en los hechos. Hagan cosas reales por su país y no se vendan a los yankees por un poco de atención.
Chile puede cooperar con otros países para ir en contra del crimen organizado, puede intercambiar inteligencia y puede fortalecer sus policías y sus fronteras. Pero cooperación no puede significar dependencia.
Nuestro país ya vivió una época oscura en que la seguridad fue utilizada para justificar la persecución política. Y justamente porque sabemos cómo terminó esa historia, hoy tenemos una responsabilidad adicional: no permitir que la lucha contra nuevas amenazas termine debilitando los principios democráticos que recuperamos.
El crimen organizado debe ser enfrentado con fuerza, pero también con inteligencia, con instituciones civiles, con controles democráticos y respetando los derechos humanos.
La pregunta, entonces, no es si Chile debe combatir al crimen organizado. La pregunta es cómo hacerlo sin repetir las lógicas del pasado que alguna vez transformaron al Estado en una amenaza para sus propios ciudadanos. Y para mí, ahí está el verdadero desafío del Escudo de las Américas: que los pueblos de Latinoamérica consigan más seguridad sin tener que pagar por ella con menos democracia y poniendo en riesgo los derechos humanos.