Educación y delincuencia juvenil: 

Durante los últimos años, Chile ha enfrentado una fuerte ola de delitos y una profunda crisis de inseguridad, en la que se han visto involucrados adolescentes e incluso niños. La preocupación es transversal y constante, pero hay un aspecto que no siempre se toma en consideración: la relación que existe entre la delincuencia juvenil y la educación.

La delincuencia juvenil comprende los delitos cometidos por adolescentes entre los 14 y los 18 años, una etapa clave en la formación de cualquier persona. En ese proceso, la educación cumple un rol fundamental, ya que no solo entrega conocimientos académicos, sino que también moldea conductas, habilidades sociales, valores y sentido de responsabilidad. No es casual que a mayor educación, mayores sean las posibilidades de acceder a trabajos legales, reduciendo así la necesidad, o la tentación, de recurrir a actividades delictuales como forma de obtener dinero fácil.

Históricamente, el delincuente ha sido asociado a un bajo nivel socioeconómico, lo que a su vez se vincula con la falta de educación de calidad y con experiencias negativas vividas dentro del sistema escolar. Profesores sin la preparación necesaria, colegios con escasos recursos y ausencia de profesionales de apoyo son factores que pueden influir directamente en el aumento de la delincuencia juvenil. Cuando la escuela deja de ser un espacio de contención, se transforma en un lugar de exclusión.

El Servicio Nacional de Menores lo advierte con claridad:

“Puestos en la misma frontera de la inclusión y exclusión social, la situación de los adolescentes populares complica al, y es complicada por el, colegio y hace discutibles los sentidos posibles del trabajo o la economía personal” (SENAME, s.f., p. 59). Desde el propio colegio se marca la diferencia entre integración y exclusión, afectando directamente el desarrollo de los adolescentes.

Las cifras confirman la gravedad del problema. En 2022 se registraron 25.591 detenidos por robos con fuerza y violencia, de los cuales 3.155 eran niños, niñas y adolescentes. De estos, el 65% cometió robos violentos, incluyendo robos por sorpresa, con intimidación, con violencia y robos violentos de vehículos, como portonazos y encerronas. En estos últimos delitos, Carabineros detuvo a 317 adolescentes, el 97% chilenos, y el 61% tenía entre 16 y 17 años. De ese grupo, 28 jóvenes ya acumulaban al menos dos detenciones por robo de vehículo.

Frente a este escenario, surge la pregunta inevitable: ¿qué se puede hacer? La respuesta no es simple, pero sí clara. Esta problemática debe enfrentarse de manera rápida y eficaz a través de una mayor inversión en educación. Es urgente contar con profesores capacitados para trabajar con jóvenes en contextos complejos, fortalecer el apoyo psicológico y psicosocial dentro de los establecimientos y mantener espacios de reinserción para adolescentes que ya han entrado en el mundo del delito. A la vez, es fundamental impulsar las escuelas para adultos como una segunda oportunidad real.

Tal como señalan Line Leblanc y Marie Robert, “el desarrollo de los comportamientos antisociales se produce a través de las reacciones provenientes de los padres, hermanos, pares, profesores y el entorno” (2012). Por eso, la educación no es solo tarea del colegio, sino también de la familia y de la sociedad.

Como ciudadanos, nos impacta y preocupa cada vez que vemos un nuevo caso de delincuencia en las noticias o cuando la inseguridad nos toca directamente. Tal vez la educación no sea una solución inmediata, pero sí es una respuesta concreta para las generaciones futuras. Si queremos cambiar el rumbo, el primer paso comienza en los colegios, en los hogares y en la forma en que nos relacionamos como sociedad.